- Cinco personas amenazadas de muerte en su país, que están en Asturias gracias al Programa de Atención a Víctimas, han sido recibidas en el Ayuntamiento
- Las amenazas provienen principalmente de grupos armados al margen de la ley y paramilitares
El concejal de Cooperación Internacional, Agustín Medina, y miembros de la Corporación Municipal han recibido esta mañana en el Ayuntamiento a un grupo de cinco personas de la dirigencia social colombiana, personas activistas y sindicalistas que están amenazadas de muerte en su país por su labor en defensa de los derechos humanos y de los colectivos obreros, campesinos y desfavorecidos.
Estas cinco personas, junto con otras dos que no han podido asistir a la recepción, han llegado al Principado a través del Programa Asturiano de Atención a Víctimas de la Violencia en Colombia (PAV), programa que cumple 26 años, que cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Avilés, y ha acogido en refugio temporal de medio año a más de 150 personas de la dirigencia social colombiana con alto riesgo de ser asesinadas. 17 organizaciones asturianas y 9 colombianas hacen posible esta iniciativa. Han sido recibidos en el Ayuntamiento acompañados de representantes de ONG asturianas.
El objetivo principal del PAV es acoger en Asturias, por un período de hasta seis meses, a un grupo de personas que se encuentren en situación de riego probado de perder la vida o su integridad física por causa de su actividad como defensores/as de los derechos humanos. El Programa pretende, además de protegerles de manera temporal la vida e integridad física, que salgan de la persecución, conozcan otras experiencias organizativas y otras culturas, y que participen con organizaciones sociales de Asturias y del Estado Español en las actividades de sensibilización en derechos humanos.
Agustín Medina declaró respecto al programa que, “es importante para ellos el poder salir del conflicto armado y de toda la violencia. Y es importante también para nosotros reforzar los lazos que tenemos de solidaridad y cooperación con Colombia. Avilés siempre se ha destacado por su defensa de los derechos humanos y la defensa de la paz. Y más si cabe en un pueblo hermano como es el colombiano con el que nos unen tantos lazos históricos, de amistad, lengua y afectivos, culturales. Colombia tiene muchas cosas buenas y tiene también cosas malas. Lo que no tiene Colombia es paz. Ni respeto por los derechos humanos. Y sin paz es imposible que los colombianos puedan realizar su proyecto de vida. El conflicto armado sigue siendo una realidad desde hace ya demasiado tiempo. A pesar de los avances de la política de paz total, la violencia generada por todos los grupos armados que operan en el país no ha cesado”.
Los y las activistas han sido presentados por el coordinador del Programa, Javier Orozco y por Javier Arjona, representante de Soldepaz Pachakuti, ONG con la que el Ayuntamiento de Avilés está trabajando en un convenio para reforzar el apoyo a estos dirigentes sociales que, como otros mucho en las últimas décadas, han tenido que dejar el país amenazados de muerte por su compromiso y lucha por los derechos humanos.
Lizeth, que dio las gracias a las instituciones asturianas, las ONG y localidades que les están dando refugio y apoyo durante estos meses explicó brevemente sus circunstancias personales y la situación de su país, cada vez más preocupante. Al entrar este nuevo gobierno se va a incrementar la violencia policial racista. ¿Por qué? Porque va a entrar a los barrios, claramente atacando a los jóvenes y hasta asesinando a los jóvenes, como le pasó a mi hijo Harold David, que va a tener seis años de fallecido. Fue asesinado el 24 de agosto del 2020 por tres miembros de la policía. Es preocupante lo que pasa. Hoy estoy aquí y agradecida con Sol de Paz y con ustedes por recibirnos aquí. Pero en realidad la preocupación es volver a Colombia. Porque aunque tenemos las ganas de regresar a luchar y seguir en la lucha, es difícil seguir en la lucha sabiendo que estamos exponiendo a familiares y nos estamos exponiendo nosotros mismos. La idea es volver y seguir luchando. Pero ¿cuáles serían las garantías y seguir en esa lucha?.
Por su parte Javier Orozco coordinador del programa lamentó que con el triunfo de la derecha en las elecciones recientes en Colombia ha llegado el fin de un gobierno progresista, el que encabezaba Gustavo Petro, que abrió la posibilidad de crear un Estado de derecho con reforma agraria, incrementos salariales, derechos a la población mayor, apoyo a la economía campesina y a los pueblos indígenas y una prevención con el extractivismo minero. “Todo eso se rompe. Y ahora nos anuncian que volvemos a la guerra. No va a haber más ceses al fuego. Los territorios de los que provienen son territorios que están en disputa, militarmente hablando, incluida Bogotá, que es hoy una enorme ciudad en disputa en sus barrios. Termina entonces un periodo en el que se buscó la paz de manera dialogada. Insistiremos en eso, aunque el resultado no sea el positivo que esperábamos, porque el conflicto colombiano lleva una dinámica de más de sesenta años y muy difícil pararlo en cuatro años”, afirmó.
Las personas que han asistido a la recepción son:
LIZETH, educadora comunitaria, defensora de los derechos humanos en Cartagena de Indias, integrante de CONTEXTOS, Colectivo Comunitario Antirracista, acompañante de víctimas de la violencia policial racista. Está recibiendo hostigamientos, extorsiones y amenazas de muerte agravadas tras el asesinato de sus dos hijos, Harold en el 2020 y José David el año pasado. Las amenazas provienen de grupos armados al margen de la ley que se expanden por los barrios marginales.
ALFREDO, es integrante del Comité de Solidaridad con presos Políticos CSPP Santander, líder campesino y comunal. En nombre de su comunidad se ha opuesto a la minería de oro a cielo abierto en su territorio, por lo que ha recibido amenazas y declarado objetivo de los narco paramilitares Autodefensas Gaitanistas de Colombia, AGC, grupo que le disputa al ELN el control de la Serranía de San Lucas. Otras personas de la misma región opuestas a la minería del oro a cielo abierto con maquinaria pesada han sido asesinadas.
MENLLY, es defensora de los derechos humanos, lideresa social, educadora popular y ambiental, gestora cultural, trabaja en economía popular, huertas comunitarias y como maestra de Artes Plásticas y Humanidades. Es representante de la Fundación Manoyano y de la Asociación Mutualista Xisqua. Sus actividades se orientan al trabajo comunitario con la población vulnerable de la localidad de Puente Aranda, Bogotá D.C. Viene recibiendo amenazas de la banda criminal Tren de Aragua con omisión de la policía local, situación que la llevó a desplazarse de manera forzada.
ERIKA CUELLAR SALCEDO, es lideresa juvenil campesina, ambientalista, defensora de los derechos humanos, integrante de la Asociación Municipal Campesina de Trabajadoras-es de Piamonte Cauca, ASIMTRACAMPIC. Participa en campañas juveniles por los derechos humanos, el medio ambiente, la economía campesina y contra el reclutamiento forzado. Ha recibido amenazas colectivas de las disidencias de las FARC y de otros grupos al margen de la ley. El 13 de enero/26 el coche de protección en el que se movilizaba fue atacado con cinco disparos de arma de fuego.
Forman parte del programa de este año, pero no han podido asistir:
BEATRIZ CH. M., lideresa y defensora de Derechos Humanos. Es integrante del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, Movice Capítulo Cauca, del Colectivo de Mujeres Trascendiendo por la Paz y del Movimiento de Madres Buscadoras. Ejerce su labor en municipios bajo conflicto armado interno. Participa en la solución pacífica de conflictos y defiende los DDHH de las mujeres y grupos étnicos del territorio, lidera procesos de prevención de reclutamiento forzado de niñas, niños jóvenes y adolescentes. Debido a su labor ha sufrido amenazas, retenciones ilegales y un atentado en diciembre del 2025.
FABIO MARRIAGA, ambientalista, defensor de los derechos humanos, educador, poeta y tallerista de literatura y tradición oral en zonas bajo conflicto armado en el Cauca. Es integrante de la Asociación Regional de Usuarios Campesinos del Suroccidente Colombiano, ARUC. Ha sido amenazado, desplazado y retenido en los retenes móviles por grupos armados ilegales en su territorio.
JUAN C CASTRO NOREÑA, ingeniero industrial, defensor de los derechos humanos, ejerce liderazgo social como secretario de salud de ASOJUNTAS, Asociación de Juntas de Acción Comunal de Tuluá-Valle, en una zona rural bajo el control de los grupos paramilitares y de las Disidencias de las FARC que lo hostigan, amenazan y extorsionan.
(Por motivos de seguridad, algunos de los activistas prefieren que se omita sus apellidos y que se les identifique con solo un nombre o un alias)
