El Ejecutivo reunirá la próxima semana a grupos políticos y agentes sociales para reforzar una posición común, firme y coordinada en la exigencia de supresión del cobro en la AP-66.
La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias ha convocado la Alianza por las Infraestructuras del Estado que Asturias Necesita para el próximo jueves, 23 de abril, ante la decisión del Ministerio de Transportes de inadmitir la solicitud de nulidad de la prórroga de la concesión de la autopista AP-66 sin entrar a analizar el fondo del asunto. Tras la respuesta del Ejecutivo central, el Principado acudirá a la vía contencioso administrativa ante el Tribunal Supremo para reclamar la eliminación del peaje conforme a la ilegalidad de la prórroga aprobada por el Gobierno del PP.
Para el Gobierno de Asturias, esta actuación no responde a una discrepancia de carácter político, sino al ejercicio de una defensa rigurosa de la legalidad europea y española ante una decisión que presenta indicios fundados de nulidad radical.
La reunión de la Alianza por las Infraestructuras permitirá exponer la estrategia legal y reforzar una posición común, firme y coordinada con los agentes económicos y sociales, en línea con los compromisos asumidos en el Manifiesto por la Supresión del Peaje del Huerna y con el objetivo de avanzar de forma decidida hacia la supresión definitiva del canon.
Esta convocatoria se enmarca en el desarrollo y cumplimiento efectivo del manifiesto suscrito por instituciones, agentes económicos y sociales, y que fija una hoja de ruta clara para lograr la eliminación definitiva del peaje. En particular, la reunión responde al compromiso de coordinar una acción conjunta, reforzar una posición común y activar todas las vías necesarias, jurídicas, políticas e institucionales, para defender los intereses de Asturias.
El Ejecutivo autonómico considera la respuesta del ministerio absolutamente decepcionante e insatisfactoria, en la medida en que supone una renuncia expresa a analizar la legalidad de una decisión de extraordinaria relevancia jurídica, económica y social. Para el Principado, el Gobierno central ha optado por ampararse en un criterio estrictamente temporal para eludir un pronunciamiento sobre una posible infracción grave del ordenamiento jurídico nacional y del derecho de la Unión Europea.
Contencioso ante el Supremo
Ante esta situación, el Gobierno asturiano interpondrá un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo, con el objetivo de lograr la supresión del peaje del Huerna y obtener un pronunciamiento jurídico pleno sobre la legalidad de la prórroga. En este sentido, el Principado sostiene que la prórroga de la concesión hasta 2050 constituye una modificación sustancial del contrato original, al ampliar en 29 años su duración y alterar de forma significativa sus condiciones económicas en favor de la concesionaria. De acuerdo con la jurisprudencia consolidada de la Unión Europea, este tipo de modificaciones equivale a una nueva adjudicación, que debía haberse sometido a un procedimiento de licitación pública con plenas garantías de transparencia, igualdad y libre concurrencia, requisitos que no se observaron en este caso.
Asimismo, la ampliación generó ventajas económicas y financieras de carácter extraordinario —como la extensión del periodo de financiación, la mejora de las condiciones económico-tributarias y el diferimiento en la devolución de anticipos públicos— que alteraron el equilibrio económico-financiero del contrato en favor de la concesionaria. A ello se suma la ausencia de una justificación válida de la prórroga, dado que la reducción de peajes invocada respondía a decisiones comerciales de la propia concesionaria y no a un desequilibrio sobrevenido que exigiera compensación.
Estos elementos coinciden con lo señalado tanto por la Comisión Europea, que ha considerado que la prórroga vulnera el Derecho de la Unión y ha iniciado un procedimiento de infracción contra el Reino de España, como por el Consejo Consultivo del Principado de Asturias, que aprecia la concurrencia de causa de nulidad de pleno derecho en la modificación concesional. En consecuencia, el Ejecutivo autonómico concluye que se trata de una decisión contraria a la legalidad vigente, cuyos efectos siguen plenamente desplegados y afectan de forma directa a la ciudadanía asturiana.
El Gobierno del Principado reafirma así su compromiso con la ciudadanía asturiana, la cohesión territorial y el desarrollo económico, y continuará impulsando todas las actuaciones necesarias —en los ámbitos jurídico, político e institucional— para restablecer la legalidad y poner fin a una situación que considera injustificada.
