El Gobierno de Asturias, a través de la Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, ha remitido hoy sendos requerimientos formales al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y a la sociedad concesionaria Aucalsa en relación con la situación de la autopista del Huerna (AP-66). Esta actuación se produce en ejecución del acuerdo adoptado ayer por el Consejo de Gobierno y se enmarca en las actuaciones previas a la interposición de un recurso en la jurisdicción contencioso-administrativa.
En el requerimiento dirigido al ministerio, en su condición de Administración concedente, se exige la adopción inmediata de medidas para corregir la actual situación de la vía. Para ello, se solicita el restablecimiento de las condiciones adecuadas de prestación del servicio, la revisión del régimen tarifario conforme al nivel real de las prestaciones y la valoración de la suspensión temporal del peaje o, subsidiariamente, la aplicación de reducciones tarifarias o compensaciones. Asimismo, se insta al ministerio a ejercer de forma efectiva sus funciones de supervisión y control y a establecer un calendario cierto, detallado y verificable de finalización de las actuaciones en curso.
Por su parte, el requerimiento dirigido a Aucalsa reclama la revisión inmediata de la planificación de las obras para evitar la acumulación de incidencias, así como la adopción de medidas que permitan recuperar niveles adecuados de servicio. Igualmente, se solicita información técnica detallada sobre el alcance y duración de las afecciones, el calendario y estado de ejecución de los trabajos, los sistemas de información a las personas usuarias y la justificación del mantenimiento del cobro íntegro del peaje. De igual modo, se requiere una evaluación cuantificada del impacto de las obras sobre la capacidad de la infraestructura, los tiempos de recorrido y la seguridad, junto con la propuesta de medidas de adecuación tarifaria o compensación a los usuarios.
Dos procesos diferenciados y compatibles
La actuación del Principado respecto al pago del peaje en la AP-66 se articula en dos planos diferenciados y complementarios. El principal se refiere a la nulidad de la prórroga de la concesión, mientras que el segundo aborda la situación actual de degradación del servicio.
En este sentido, el Gobierno de Asturias reitera que su objetivo prioritario es lograr la declaración de nulidad de la prórroga del peaje del Huerna, acordada mediante el Real Decreto 392/2000, en línea con el dictamen motivado de la Comisión Europea de 17 de julio de 2025, que concluye que dicha prórroga constituye una modificación sustancial del contrato concesional, equiparable a una nueva adjudicación sin licitación pública, en vulneración de los principios de igualdad, transparencia y concurrencia.
A tal efecto, el Principado ha instado formalmente la revisión de oficio del citado real decreto y continúa avanzando en la preparación del correspondiente recurso contencioso-administrativo, que será interpuesto en caso de no atenderse dicha revisión como instrumento para restablecer la legalidad y defender el interés general.
De forma complementaria, y sin perjuicio de este procedimiento principal, se ha constatado una degradación sustancial, sostenida y generalizada del nivel de servicio de la autopista, derivada de la ejecución simultánea de obras, incidencias geotécnicas y medidas de gestión del tráfico que implican restricciones continuadas a la circulación.
Las actuaciones inspectoras realizadas por la Dirección General de Consumo, ratificadas por la Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, acreditan afecciones prolongadas en más del 60% del trazado, con reducciones de carril, limitaciones de velocidad de hasta 40 km/hora, circulación en tramos en un único carril, desvíos provisionales y actuaciones simultáneas en túneles y zonas de especial complejidad. Estas circunstancias están provocando una reducción significativa de la capacidad de la infraestructura, un aumento de los tiempos de recorrido y una pérdida de fiabilidad en los desplazamientos, incompatibles con los estándares exigibles a una autopista de peaje.
Estas afecciones han dado lugar, además, a diversas reclamaciones en materia de consumo, en las que se denuncia la existencia de deficiencias estructurales en la prestación del servicio, el mantenimiento del cobro íntegro del peaje y la insuficiencia de información previa a las personas usuarias.
De acuerdo con la doctrina del Tribunal Supremo, esta situación puede suponer una ruptura de la equivalencia entre el servicio efectivamente prestado y la contraprestación exigida, lo que refuerza la necesidad de adoptar medidas correctoras y fundamenta la eventual actuación en vía judicial.
El Gobierno de Asturias subraya que ambas líneas de actuación —la nulidad de la prórroga y la respuesta a la degradación del servicio— son compatibles pero diferenciadas, y que el objetivo final de la actuación institucional, jurídica y social es dar cumplimiento al Manifiesto por la Supresión del Peaje del Huerna, impulsado en el marco de la Alianza por las Infraestructuras del Estado que Asturias Necesita.
