- La representación autonómica defiende la implantación nacional de la cláusula rural, para que todas las leyes y normas tengan en cuenta su impacto sobre el territorio
- La iniciativa, que ya fue presentada en Bruselas, ha despertado el interés de otras comunidades, como Galicia
El Gobierno de Asturias y las demás entidades integrantes del Pacto por el Medio Rural han presentado hoy este documento al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas. El pacto es una iniciativa pionera a nivel nacional y europeo que sitúa el campo en el centro de las políticas públicas y que aspira a convertirse en una referencia para afrontar los grandes retos del sector primario y del medio rural.
Las organizaciones han trasladado al ministro la importancia de consolidar una estrategia común para afrontar los retos del medio rural. También han destacado la necesidad de avanzar hacia un marco normativo coherente y equilibrado, que permita compatibilizar la protección del patrimonio natural con el desarrollo económico y social del campo.
Con este propósito, han defendido la interpretación complementaria de dos leyes: la de desarrollo sostenible del medio rural (ley 45/2007) y la del patrimonio natural y la biodiversidad (ley 42/2007). A su juicio, lejos de ser contradictorias, ambas deben actuar de manera coordinada para garantizar tanto la conservación de los recursos naturales como la actividad económica, la cohesión social y las oportunidades para quienes viven y trabajan en el medio rural.
Uno de los asuntos centrales trasladados al ministerio ha sido la cláusula rural, recogida expresamente en el pacto. Esta herramienta plantea que toda norma, plan o actuación con incidencia sobre el territorio incorpore una evaluación previa de su impacto social, económico y demográfico en las zonas rurales afectadas.
La cláusula se inspira en los principios de equilibrio territorial, cohesión social y subsidiariedad. En este sentido, persigue que las políticas públicas tengan en cuenta desde su diseño los pueblos y el sector primario. El objetivo es evitar efectos no deseados derivados de decisiones adoptadas sin un adecuado diagnóstico territorial, así como reforzar una gobernanza más participativa e inclusiva.
Las entidades firmantes han advertido que la conservación del patrimonio natural no puede desligarse de quienes habitan, trabajan y mantienen el territorio. Por ello, apuestan por un modelo que reconozca la contribución de agricultores, ganaderos, pescadores, silvicultores y administraciones locales a la preservación del entorno. En definitiva, defienden un sistema que permita desarrollar sin degradar y conservar sin excluir.
En la reunión han participado representantes de todas las organizaciones firmantes del pacto: el Gobierno del Principado, la Federación Asturiana de Empresarios (Fade), la Universidad de Oviedo, la Federación Asturiana de Concejos (FACC), la Federación de Cofradías de Pescadores, la Red Asturiana de Desarrollo Rural (Reader), Cooperativas Agroalimentarias del Principado, y las organizaciones agrarias Uca, Usaga y Coag.
Hoja de ruta estratégica
El Pacto por el Medio Rural constituye la hoja de ruta estratégica del Principado para el campo hasta 2030. Fruto de un amplio proceso de diálogo, participación y consenso, incluye más de 120 medidas destinadas a fortalecer el arraigo poblacional, facilitar el relevo generacional, modernizar las explotaciones, dignificar el trabajo agrario, forestal y pesquero; promover la transformación agroalimentaria y poner en valor los productos autóctonos.
La estrategia prevé la movilización de amplios recursos económicos. Por ejemplo, 499 millones para garantizar la viabilidad de las explotaciones, 60 para actuaciones relacionadas con la sanidad animal y otros 15 para el impulso del pastoreo.
Asimismo, apuesta por mejorar los servicios públicos en el medio rural, favorecer la incorporación de jóvenes y mujeres, impulsar la innovación y la digitalización y compatibilizar la conservación ambiental con la actividad productiva y la preservación del patrimonio cultural y etnográfico. El documento ha despertado el interés de otras comunidades, como Galicia, por su potencial para reforzar el sector primario y combatir el despoblamiento.
El Principado presentó este documento a las autoridades comunitarias en mayo, en una reunión en Bruselas, como una iniciativa innovadora para afrontar los desafíos que comparten las regiones rurales europeas y avanzar hacia un modelo de desarrollo sostenible, competitivo y socialmente equilibrado.
