La negociación entre los representantes del profesorado y el Gobierno asturiano ha dado un giro significativo tras una larga jornada de reuniones. Aunque no se ha cerrado un acuerdo definitivo, ambas partes han avanzado en puntos clave que podrían desbloquear el conflicto educativo que se arrastra desde hace semanas.
Entre las propuestas puestas sobre la mesa por la administración autonómica figuran varios cambios relevantes tanto en el ámbito organizativo como retributivo. Se prevé incorporar un número importante de especialistas en pedagogía terapéutica y audición y lenguaje, con un horizonte hasta el curso 2027/2028. También se reforzaría el personal de apoyo con nuevas incorporaciones de auxiliares educativos y se ajustaría la proporción de alumnado por orientador escolar, reduciéndola de 400 a 350 estudiantes.
En cuanto a las condiciones salariales, el planteamiento contempla un incremento de 140 euros mensuales para todo el profesorado, con un suplemento adicional de 70 euros para quienes tengan menos de seis años de antigüedad. Este aumento se distribuiría en dos fases: una parte en enero de 2026 y el resto un año después.
Además, se ha planteado adelantar la reducción de jornada para los mayores de 55 años, fijando su entrada en vigor para el año 2027. Otro de los puntos en estudio es la aceleración del proceso para reducir el número máximo de alumnos por aula, una vieja reivindicación del sector.
Sin embargo, fuera de la mesa de negociación, los ánimos siguen divididos. Aunque algunos sindicatos consideran que el diálogo ha dado frutos, una parte del profesorado concentrado en los alrededores del edificio institucional ha expresado su disconformidad con las propuestas, considerando que no atienden suficientemente sus demandas.
El seguimiento de la huelga ha disminuido respecto a jornadas anteriores, situándose por debajo del 14 % del total del profesorado, aunque con cifras algo más altas en las etapas de Infantil y Primaria. Aun así, los sindicatos insisten en que el malestar sigue siendo generalizado.
Desde las organizaciones sindicales se mantiene una posición prudente. Algunos portavoces reconocen que los avances son palpables, pero recuerdan que aún quedan aspectos por resolver, especialmente en lo que respecta a los complementos retributivos y a la aplicación de determinadas medidas pedagógicas. Otros líderes han señalado que confían en que la administración rectifique en los puntos aún conflictivos y se pueda alcanzar un pacto estable.
El Gobierno del Principado, por su parte, ha reiterado su intención de garantizar un sistema educativo público sostenible, e incluso ha avanzado que está dispuesto a facilitar los trámites para cubrir con mayor agilidad las bajas del profesorado, una demanda histórica del colectivo.
Mientras tanto, en el exterior de las sedes oficiales, la afluencia de manifestantes ha disminuido ligeramente en comparación con días anteriores, aunque el mensaje sigue siendo el mismo: no ceder sin mejoras tangibles.
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