El Consejo de Ministros aprueba la quita de la deuda en un marco que acentúa la desigualdad entre comunidades autónomas.

La quita autonómica: alivio financiero con sabor agridulce para Asturias

El Gobierno de España ha dado luz verde a la aprobación de una medida largamente esperada: la condonación de más de 83.000 millones de euros de deuda a las comunidades autónomas de régimen común. Se trata de una corrección histórica a las facturas que las autonomías tuvieron que acumular durante los años más duros de la crisis, cuando los mercados se cerraron y fue el Estado quien prestó el dinero para mantener en pie la sanidad, la educación y los servicios sociales.

La operación se articulará en varias fases, siguiendo criterios objetivos: corregir el sobre endeudamiento de los primeros años de la recesión, repartir el grueso de la quita en función de la población ajustada —esa que tiene en cuenta factores como el envejecimiento o la dispersión territorial— y, finalmente, introducir ajustes en función de la infra financiación histórica y del esfuerzo fiscal realizado. Con ello, se busca un reparto que responda a necesidades reales y no solo a números fríos.

Asturias: un alivio notable, pero menor que en otras regiones

Para Asturias, la quita supondrá unos 1.508 millones de euros, lo que equivale a 1.494 euros por habitante. Se trata de una reducción cercana al 36% de la deuda autonómica, que dejaría a nuestra comunidad con una ratio deuda/PIB cercana al 10%. Una cifra envidiable en términos de solvencia, que permite respirar a las arcas regionales y, sobre todo, abre la puerta a liberar recursos hoy atados al pago de intereses.

Sin embargo, cuando miramos alrededor, la foto cambia. Comunidades como Castilla-La Mancha, Andalucía, Cataluña o la Comunidad Valenciana recibirán mucho más por habitante: entre 2.100 y 2.300 euros, pese a que su gasto público por persona es inferior al asturiano. Dicho de otra manera: el ciudadano asturiano verá perdonada una parte relevante de su deuda, sí, pero menos que un manchego, un andaluz o un valenciano, aunque aquí el coste de los servicios básicos es mayor por el envejecimiento y la dispersión territorial.

Gasto público y equidad

Asturias es, junto con Extremadura y el País Vasco, una de las comunidades que más invierte por habitante: unos 6.196 euros en 2024, frente a los 5.445 de Castilla-La Mancha, los 5.585 de la Comunidad Valenciana o los escasos 4.294 de Madrid. Aun así, esas regiones recibirán una condonación mayor por habitante.

El caso más llamativo es el valenciano: pese a tener un gasto inferior al asturiano, cada valenciano verá aliviada su deuda en unos 600 euros más que un asturiano. Lo mismo ocurre con Cataluña o Castilla-La Mancha. Solo en el caso de Extremadura, que combina un gasto más alto y una quita también significativa, la comparación no resulta desfavorable.


La ministra Montero apunta que la quita debe entenderse como un instrumento para reforzar el Estado del Bienestar y no como un simple ajuste contable. El objetivo es que cada euro liberado de intereses se transforme en más médicos, más profesores, más recursos para la dependencia y mejores servicios públicos.

Pero la experiencia enseña que la justicia no siempre está en el punto de partida, sino en el resultado. Y el resultado provisional es que Asturias, con mayores costes estructurales para prestar servicios —más hospitales por habitante, más transporte escolar, más residencias de mayores—, recibe una quita menor que territorios con gasto per cápita inferior.

La pregunta es evidente: ¿se consolidará esta desigualdad en la próxima reforma de la financiación autonómica o se corregirá para que Asturias no quede rezagada?

Oportunidad y riesgo

El alivio de la deuda es una buena noticia. Significa menos carga financiera y más margen de maniobra para el Gobierno del Principado. Pero también plantea un desafío: si no se acompaña de una reforma de la financiación justa, Asturias puede quedar en desventaja estructural frente a otras comunidades.

En definitiva, la quita es una oportunidad que debe traducirse en más igualdad y más derechos para la ciudadanía. Para Asturias, supone un balón de oxígeno, sí, pero también la obligación de seguir peleando en Madrid para que el futuro sistema de financiación tenga en cuenta lo que realmente cuesta mantener vivos los servicios públicos en una tierra envejecida, dispersa y montañosa. Porque, si algo nos recuerda esta operación, es que las cifras importan, pero lo que de verdad cuenta es la vida cotidiana de la gente.