El conflicto educativo en Asturias se agrava: huelga indefinida, dimisión masiva de directores y posiciones enfrentadas

La educación pública asturiana atraviesa uno de sus momentos más delicados en décadas. A la huelga indefinida iniciada hace dos semanas por los cinco sindicatos con representación en el sector se ha sumado ahora un gesto de profundo calado: la dimisión en bloque de casi un centenar de directores y directoras de centros educativos. Este paso, simbólicamente muy potente, refleja el agotamiento de una parte del colectivo directivo ante un conflicto que no encuentra salida.

La tensión ha ido en aumento no sólo por el desencuentro en las mesas de negociación, sino también por la irrupción de grupos y plataformas que, sin pertenecer a las estructuras sindicales, han adoptado posturas más intransigentes. Estas voces, que reclaman medidas inmediatas y de amplio alcance, están desbordando los cauces clásicos de diálogo y dificultando los esfuerzos compartidos entre las partes con capacidad negociadora.

Desde el pasado lunes, tras la renuncia de la consejera Lydia Espina, las negociaciones han pasado a estar lideradas directamente por la vicepresidenta del Gobierno del Principado, Gimena Llamedo, y el consejero de Hacienda, Guillermo Peláez. Ambos han asumido el reto de reconducir un conflicto que ya no es únicamente laboral, sino también institucional y político.

En el último encuentro entre Gobierno y sindicatos no se logró alcanzar un acuerdo, a pesar de los intentos por acercar posiciones. La propuesta de mejora salarial fue considerada insuficiente por las organizaciones sindicales, que insisten en la necesidad de avanzar no sólo en retribuciones, sino en aspectos clave como ratios, personal de apoyo y condiciones administrativas en los centros. Por su parte, el Gobierno autonómico asegura que ha puesto sobre la mesa un paquete de medidas ambicioso y sostenible, y mantiene abierta la puerta a seguir dialogando. El Principado propuso una subida de 105 euros mensuales para todos los docentes y de 170 euros para aquellos con menos de seis años de servicio, oferta que los sindicatos consideran insuficiente para alcanzar la equiparación salarial con otras comunidades autónomas. 

Mientras tanto, los centros educativos encaran un final de curso incierto, marcado por movilizaciones, aulas bajo mínimos y un creciente desgaste en la comunidad educativa. La dimisión de los equipos directivos añade aún más presión, especialmente en Infantil y Primaria, donde estas figuras sostienen buena parte del funcionamiento interno.

En este clima, los sindicatos reiteran su disposición a continuar las conversaciones y piden una nueva propuesta que desbloquee el conflicto. El Gobierno, por su parte, ha pedido responsabilidad y altura de miras para evitar que el deterioro de la situación termine afectando a los más vulnerables: el alumnado.

Asturias asiste así a un pulso educativo que, de no reconducirse pronto, puede dejar heridas profundas en la gestión de la educación pública. La clave, como reconocen desde ambas partes, será retomar el diálogo con voluntad real de entendimiento y alejarse de los discursos que, en lugar de construir, agravan la fractura.