Asturias vive uno de los momentos más críticos en su sistema educativo en décadas. Más de un centenar de directores y directoras de centros públicos de toda la comunidad han firmado un contundente escrito dirigido al presidente Adrián Barbón, en el que anuncian su intención de dimitir si el Gobierno del Principado no desbloquea de manera urgente el conflicto educativo que mantiene enfrentado al profesorado con la administración.
En la carta, los firmantes denuncian con claridad que no pueden seguir siendo “cómplices de un sistema que se aleja cada vez más de los principios” de la escuela pública. Aseguran sentirse desbordados por la falta de personal, la sobrecarga administrativa, la ausencia de recursos para la atención a la diversidad y, sobre todo, por el abandono institucional. Alertan, además, de los efectos demoledores que esta situación está provocando en su salud mental, citando datos sobre ansiedad, estrés y agotamiento crónico.
Este escrito no es una amenaza, sino —como ellos mismos indican— un “acto de coherencia”, una declaración de dignidad en defensa de una escuela pública de calidad, que exige valentía política y no eslóganes vacíos. Entre sus demandas: aulas menos masificadas, equiparación salarial con el resto del Estado, refuerzos en orientación, pedagogía terapéutica y personal de apoyo, y una atención real y no meramente decorativa a la inclusión educativa.
Lo que denuncia este colectivo no es solo una falta de medios, sino un modelo educativo que hace aguas mientras el Gobierno de Asturias insiste en negar la gravedad de la situación. La reciente dimisión de la consejera Lydia Espina, por motivos de salud vinculados a la presión del cargo, es solo la punta del iceberg de un sistema colapsado, donde quienes lo sostienen están al límite.
La respuesta del Ejecutivo asturiano ha sido, hasta ahora, tibia, tecnocrática y profundamente desconectada de las aulas. La Consejería ha ofrecido medidas parciales sin abordar los problemas estructurales que se arrastran desde hace años. El resultado: una educación pública que pierde calidad mientras se multiplica el malestar entre profesionales, alumnado y familias.
Este escrito colectivo de 105 direcciones escolares no es una carta más. Es un grito de auxilio que no puede ser ignorado ni banalizado. Porque si quienes lideran los centros educativos están dispuestos a dimitir en masa, ¿qué mayor prueba necesita el Gobierno de que su política educativa ha fracasado?
El presidente Barbón tiene en sus manos la oportunidad —y la obligación— de rectificar. No hacerlo sería confirmar que, para su Ejecutivo, la educación pública en Asturias no es una prioridad real, sino una promesa vacía más.
La rebelión de las direcciones escolares evidencia el fracaso del Gobierno asturiano en educación
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