El Gobierno del Principado de Asturias ha alcanzado un amplio acuerdo con los principales sindicatos del sector educativo para poner en marcha “Asturias Educa”, una hoja de ruta que prevé transformar la escuela pública asturiana en los próximos tres años. El pacto —firmado por ANPE, CCOO, UGT y Suatea, con la única oposición de CSIF— movilizará 45 millones de euros anuales hasta su plena implementación en 2028, incorporando mejoras laborales, refuerzos de personal y medidas organizativas que buscan consolidar un nuevo modelo de enseñanza pública.
Este acuerdo llega tras un intenso proceso de negociación que puso fin a las huelgas del pasado curso. Con el respaldo político suficiente para sacar adelante los próximos presupuestos autonómicos —gracias a la actual mayoría entre PSOE, IU y la diputada Covadonga Tomé— el Ejecutivo garantiza la financiación del pacto en lo que resta de legislatura.
Un pacto garantizado… hasta 2027
Con los presupuestos de 2026 y 2027 en camino de ser aprobados, el marco económico parece asegurado a corto plazo. El anteproyecto ya recoge partidas específicas para las nuevas contrataciones (300 especialistas, 30 auxiliares educativos, 30 administrativos), así como las mejoras salariales y la reducción progresiva de ratios.
Pero la pregunta clave es: ¿qué ocurre si hay un cambio de gobierno en 2027?
El documento firmado tiene carácter de pacto institucional, no de ley. Por tanto, su grado de blindaje jurídico es limitado. En la práctica, un nuevo Ejecutivo con diferente orientación política no estaría obligado a mantener íntegramente el acuerdo, aunque su modificación o eliminación podría generar una importante contestación sindical y social. De hecho, los firmantes han advertido que seguirán vigilantes para garantizar su cumplimiento.
Además, algunas de las medidas más ambiciosas están programadas para entrar en vigor entre 2027 y 2028, como el nuevo sistema de sustituciones, la generalización de la jornada reducida para mayores de 55 años o la reorganización de plantillas. Si el nuevo gobierno decidiese redefinir prioridades, estos compromisos podrían verse ralentizados o modificados, sobre todo si no se han recogido en normas de rango superior antes del fin de la legislatura.
¿Hasta qué punto está garantizada la financiación?
En términos presupuestarios, los 45 millones anuales representan alrededor del 1,3 % del gasto no financiero del Principado, una cifra asumible pero significativa. Aunque los presupuestos de 2026 y 2027 contarán presumiblemente con apoyo parlamentario, buena parte del crecimiento presupuestario de los últimos años se apoyó en fondos europeos como el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), que ya está en fase de agotamiento.
Esto significa que los recursos ordinarios de la comunidad autónoma deberán cubrir íntegramente el coste del pacto en adelante, sin contar con refuerzos extraordinarios. En caso de recesión, desaceleración económica o mayores exigencias fiscales, el margen presupuestario podría reducirse, y este tipo de compromisos multianuales serían los primeros en ponerse en duda.
Además, el esfuerzo financiero en educación podría limitar el crecimiento de otras áreas clave como la sanidad, la dependencia, las infraestructuras rurales o los programas de desarrollo económico. La sostenibilidad del acuerdo dependerá no solo de la voluntad política, sino de la evolución de la economía regional y de la presión sobre otras partidas del presupuesto.
Conclusión: una apuesta decidida… con desafíos pendientes
“Asturias Educa” marca un punto de inflexión para la enseñanza pública en la comunidad. Representa un intento real de avanzar hacia un modelo más inclusivo, menos burocrático y mejor dotado. Pero su éxito no puede medirse solo por lo que está escrito: requerirá presupuestos comprometidos, mayoría política estable y, sobre todo, continuidad más allá del color del gobierno.
Si hay alternancia política tras las próximas elecciones autonómicas, será clave que el pacto se haya traducido en normas, estructuras y dinámicas institucionales lo suficientemente arraigadas como para resistir los vaivenes del calendario político.
Porque en política educativa, lo importante no es solo pactar, sino garantizar que el acuerdo llegue a las aulas.
