La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha mostrado hoy su apoyo rotundo a las trabajadoras conocidas como “las 6 de La Suiza” durante una reunión celebrada en la Junta General del Principado, en Oviedo. Las empleadas fueron condenadas por participar en un piquete durante la huelga de 2017.
En el encuentro, que se desarrolló sin presencia de cámaras ni fotografías a petición de las trabajadoras, han estado presentes también el diputado de Sumar en el Congreso, Rafael Cofiño; el coordinador de IU Asturias, Ovidio Zapico; el diputado autonómico Xabel Vegas y otros miembros de Sumar.
A la salida de la reunión, Díaz compareció ante los medios junto a Zapico y Vegas. “Lo vivido por estas trabajadoras es intolerable. Es un ataque a toda la clase obrera”, aseguró visiblemente afectada. Según la ministra, se trata de una advertencia peligrosa que “busca limitar el derecho a huelga y enviar un mensaje de miedo al conjunto de los trabajadores”.
Zapico insistió en que el Gobierno asturiano ya ha solicitado el indulto y pidió que esa decisión tenga eco en el Consejo de Ministros: “El respaldo de Yolanda Díaz es clave para que esta injusticia no se consuma”.
La vicepresidenta fue más allá: aseguró que el Gobierno de España tramitará el indulto y se pone “al servicio de estas trabajadoras”, a quienes agradeció su valentía y dignidad.
Durante su intervención, Díaz también alertó sobre la “ola reaccionaria global” que amenaza con revertir derechos laborales conquistados durante décadas. Citó como ejemplo la ponencia aprobada recientemente por el Partido Popular, que considera una señal preocupante del rumbo que podría tomar la legislación si gobiernan las derechas.
En el plano político nacional, la líder de Sumar fue preguntada por la relación con el PSOE y la estabilidad de la legislatura. Díaz no ocultó su preocupación por el inmovilismo socialista y reclamó un giro social inmediato y compromisos firmes con la regeneración democrática. En ese sentido, instó al PSOE a impulsar una agencia estatal anticorrupción independiente, como recomienda el GRECO, y puso como fecha límite el 9 de julio para que se tomen decisiones que “permitan a Pedro Sánchez hablar en nombre de todo el Gobierno”.
“Estamos en un momento clave. La ciudadanía no entendería que se frene un proyecto progresista por no actuar con valentía”, concluyó.
